Hace semanas, cuando el proyecto de la zona azul de pago salió a la luz, tanto los comerciantes como los hosteleros de Vilagarcía mostraron su rotundo rechazo a una medida que, se temen, puede acabar por disuadir a sus clientes de acudir al centro de la ciudad. Ahora, al conocer que la privatización se extiende a materias como las cámaras de videovigilancia, los radares y la propia grúa municipal, los portavoces de ambos sectores anuncian movilizaciones para tratar de que el propósito de Ravella no se lleve a efecto.
Cuentan, en este empeño, con el respaldo de los vendedores de la plaza de abastos, una de las áreas hacia las que el gobierno municipal ha ampliado la zona azul, si bien a través de la fórmula clásica y gratuita del disco horario. Su transformación en un sistema de tique, a razón de 0,65 euros la hora, no les convence en absoluto. Representantes de los tres colectivos se reúnen esta mañana para concretar las medidas con las que se opondrán al proyecto de Ravella.
Por lo pronto, Rocío Louzán, presidenta de Zona Aberta, sostiene que, lejos de las razones esgrimidas por el bipartito conservador, «algo así no solo no va a facilitar el aparcamiento y a mejorar el consumo, sino que va a conseguir que la gente no venga a Vilagarcía a comprar». La portavoz del comercio local asegura que esto es, precisamente, lo que les están transmitiendo sus clientes.
Argumentos, no caprichos
Louzán, que hoy comparecerá junto a los presidentes de la Asociación de Hostaleiros e Iniciativas Turísticas de Vilagarcía (Ahituvi) y de la agrupación de placeros, afirma que la oposición de los tres sectores a la zona azul de pago «no se basa en ningún capricho, sino en argumentos y en razones».
La responsable de Zona Aberta asistió, de hecho, al pleno del lunes. Tras el debate y los anuncios efectuados por los concejales Cholo Dorgambide y José Manuel Pardal, le resultaba difícil contener su sorpresa y enfado. «Esto es lo que nos faltaba, a este paso van a acabar con nosotros», subrayó minutos antes de reunirse con su directiva.