Falta y no delito. Así ven tanto el juez Carlos Valle como la Fiscalía de Madrid el denominado Caso Aguirre: la tocata y fuga de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid al ser multada por aparcar su Toyota en un carril bus en pleno corazón de Madrid, en la zona más concurrida de la Gran Vía -la plaza del Callao- y consecuentemente denunciada por los agentes de Movilidad, que se fueron a la comisaría de Leganitos directamente desde la vivienda en Malasaña de Aguirre.
El magistrado al que le ha sido asignado el caso y la Fiscalía madrileña están de acuerdo, según fuentes jurídicas, en que la presunta negativa de Aguirre a entregar su documentación, y su huida hacia su casa perseguida por los agentes de Movilidad, tras golpear según los agentes una de sus motos con su vehículo, no es más que una desobediencia leve, y no un delito. Una falta de desobediencia leve está castigada con una multa de 10 a 60 días; un delito de desobediencia grave, de seis meses a un año de prisión.
Es previsible que el juez, al que le ha tocado el asunto por escrupuloso reparto informático, emita su auto de admisión a trámite esta misma semana, probablemente en jueves o viernes, según fuentes judiciales.
De hecho, el asunto terminará en juicio de faltas si no se oponen los dos agentes, y hay pocas posibilidades de que así sea, según el entorno de estos. De alguna manera, se hallan entre la espada y la pared en este caso, y por eso se cree que optarán por aceptar la petición de un juicio de faltas como solución menos gravosa para ellos, sin renunciar a lo que defienden.
Por un lado, no les han faltado presiones para que retiraran la denuncia contra la presidenta del Partido Popular regional -incluso en la misma comisaría, según denunciaron desde su entorno, les pusieron trabas: los policías nacionales filiaron a sus acompañantes «por orden de la superioridad», no les querían dar copia de la denuncia y el trámite se dilató por espacio de dos horas, según publicó este diario-.
Por otro, sus propios compañeros les han aconsejado que no den un paso atrás «porque ahora ya sería incluso peor», comentaba a este diario una fuente de CSIT Unión Profesional, el sindicato al que pertenecen los dos agentes, un sindicato de orientación conservadora, curiosamente.
El magistrado que decidirá tiene también un singular currículo a sus espaldas. Carlos Valle, titular del número 14 de Instrucción de los juzgados de Plaza de Castilla es «uno de los jueces más respetados» del edificio, según comentan en los juzgados madrileños. Por otro lado, Valle fue el instructor de las presuntas agresiones de varios militantes populares al socialista José Bono en 2005, y su actitud en aquel caso, muy particular, genera dudas sobre su imparcialidad en el entorno de los agentes.
En aquel caso, Valle llegó a imputar detención ilegal a los dos agentes de Policía Nacional que detuvieron a los manifestantes que zarandearon a Bono, en una actuación que le valió un informe en contra de extrema dureza del abogado del Estado al que le cayó el tema. Valle, además, saltó a la fama en el año 86, con poco más de 30 años, cuando ordenó una redada contra unas presuntas abortistas, un asunto que fue muy polémico en ese año y que le costó graves críticas.
Sin embargo, dentro de los juzgados explican que, aunque sea un juez tirando a conservador, eso no afectará a este caso, que por otro lado también es claramente un asunto delicado para el juez, por lo que un juicio de faltas sería la manera más rápida de zanjarlo.
Lo cierto es que este caso de la tocata y fuga pocos parecen estar cómodos en su papel, mientras que por una parte se repiten opiniones de que esto no es para tanto, por otra que a cualquier otra persona se la habría terminado deteniendo por hacer lo que hizo la presidenta del PP madrileño, mientras ella a su vez proclamaba en la Cadena Ser que esto había sido un claro asunto de «prepotencia y machismo».
